Gestión completa de menores infractores conforme a la LORPM: medidas privativas de libertad, seguimiento de casos, expedientes judiciales, área sanitaria y documentación especializada.
Un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) es un recurso de ejecución de medidas privativas de libertad previstas en la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM). A diferencia de los centros de protección, los CIMI dependen de las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas y el acceso se produce exclusivamente por orden de un Juez de Menores.
Los CIMI acogen menores de entre 14 y 18 años —excepcionalmente hasta 21— que han cometido delitos graves o reiterados y para los que el juzgado ha dictado medida privativa de libertad. Los centros operan en distintos regímenes: cerrado (sin salidas, vigilancia continua), semiabierto (actividades en exterior con supervisión) y abierto (residencia en centro, actividades normalizadas).
La gestión en un CIMI es especialmente exigente en materia de documentación: los juzgados exigen informes periódicos de evolución, las juntas de clasificación deben quedar acreditadas, y cualquier incidencia debe estar registrada con trazabilidad completa para responder ante la autoridad judicial.
Los CIMI trabajan en un entorno donde la documentación tiene valor probatorio ante los juzgados. Cada intervención educativa, cada incidencia, cada cambio de régimen debe quedar registrado con fecha, hora y responsable. No es burocracia: es garantía jurídica.
Fabulino incorpora todos los formularios y registros específicos de la LORPM, facilitando los informes de evolución para juzgados y la documentación de juntas de clasificación.
Fabulino cumple completamente con los requisitos de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor: gestión de medidas, seguimiento judicial, expedientes y documentación de menores infractores.
Registro completo de medidas privativas de libertad, medidas en régimen semiabierto y abierto, grupos educativos de convivencia, y seguimiento de todas las condiciones judiciales.
Expediente integral de cada menor infractor: datos judiciales, antecedentes, medidas aplicadas, histórico de cumplimiento de sentencias y documentación legal requerida.
Medicación, tratamientos especializados, citas médicas, análisis de drogas, seguimiento de problemas de salud mental y registros de enfermedades especiales.
Diario de intervenciones, seguimiento del caso desde perspectiva judicial, comunicaciones con juzgados, regímenes de visitas y coordinación con servicios sociales.
Fichas de atención específicas para menores infractores, actas de juntas de clasificación, documentación de traslados entre regímenes y reportes judiciales.
Generación de informes de cumplimiento de medida, auditoría de quién accede a qué información, y trazabilidad completa conforme a regulaciones de protección de datos.
Conocemos los requisitos específicos de CIMI y justicia juvenil. Haremos una demostración adaptada a tu realidad.
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